La prórroga de los ERTEs ha sido complicada, pero necesaria para muchas empresas.
Sin embargo, el nivel de gasto que ha tenido que asumir el Estado va a dejar cifras de déficit y deuda muy preocupantes que habrá que corregir en los próximos años.
PEDRO AGUADO
MADRID, ESPAÑA - 1 DE OCTUBRE DE 2020, 18:00h.
Frente a la incertidumbre y a la inestabilidad que invade nuestra sociedad tras la pandemia, nuestros legisladores han recurrido a toda clase de herramientas jurídicas en aras de paliar y mitigar esta situación. A pesar del parón por parte de muchas empresas durante meses, afortunada y en ocasiones, inexplicablemente, algunas de ellas han sobrevivido; con consecuencias y pormenores, han vuelto a arrancar. Las pérdidas durante este ejercicio posiblemente estén aseguradas, por no decir la liquidación, pero aquellas que han aguantado, piden y necesitan ayuda para solventar este paréntesis. Un paréntesis que no ha sido provocado por la mala gestión empresarial, sino por motivos ajenos a ellas. La razón, o una de las razones que ha permitido respirar a muchas empresas este tiempo, es un figura jurídica que hasta este momento estaba en desuso: el ERTE.
La gran mayoría de grandes empresas han aplicado esta figura jurídica para reducir las consecuencias del parón económico. Burger King, Volkswagen, Ryanair y Seat son ejemplos de empresas con grandes cantidades de trabajadores y, por lo tanto, familias cuyos ingresos dependen de la actividad económica y del consumo. El despido masivo de trabajadores era completamente inasumible, más aún en un país como España que lidera las estadísticas de desempleo y que tiende a destruirlo más rápido que sus colegas europeos.
El ERTE, es decir, el Expediente de Regulación Temporal de Empleo, es posible aplicarlo en esta situación de crisis debido a que en el Estatuto de los trabajadores viene recogida como causa la “fuerza mayor” entre otras. A diferencia del ERE, estos siempre son temporales. A pesar de no haber un máximo y un mínimo de tiempo, tal y como vimos ayer en los medios, los agentes sociales han acordado prorrogarlos hasta el 31 de enero de 2021 a pesar de las diferencias que surgieron entre los grupos de presión.
Con la finalidad de que las empresas se acogiesen a los ERTE en vez de despedir a trabajadores, desde el Gobierno se decidió eximir a las empresas del pago de la cotización de la Seguridad Social de aquellos trabajadores afectados por los ERTEs. Tal es así que, si se acaba despidiendo a aquellas personas incluidas en él, las empresas deberán pagar íntegramente las cantidades correspondientes a la Seguridad Social sumando el recargo y los intereses de demora de todos los trabajadores incluidos, y no únicamente de la persona despedida (Disposición Adicional Sexta, apartado cinco, RD 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo). La consecuencia del despido masivo de tantos trabajadores, sería el aumento del gasto público dirigido a las prestaciones por desempleo (al ser un estabilizador automático) y el cierre de más empresas de las que ya han cerrado. Los ERTEs han permitido reducir las quiebras empresariales y reducir los despidos. La prestación que han estado recibiendo durante este tiempo aquellos trabajadores afectados se calcula partiendo de la base reguladora. Esta base reguladora la entendemos como el promedio de las bases de cotización de los últimos 180 días cotizados o del periodo de tiempo inferior. Sobre esta cantidad se aplica un 70%, y esa será la prestación recibida.
De acuerdo con la Empresa de Trabajo Temporal Asempleo, durante los 6 meses de pandemia se han perdido 1,56 millones de trabajadores, de los cuales 756.000 se destruyeron entre el 11 de marzo y el 31 de agosto; y existen todavía 810.000 trabajadores que siguen implicados en un ERTE. Sectores tan importantes para nuestra economía como es la hostelería creó entre febrero y agosto del año 2019 un total de 289.000 empleos, mientras que este año ha creado la escasa cifra de 3.000. Sobra decir que la severidad de esta crisis se ha producido en función de la dependencia de la zona respecto al turismo, lo que nos lleva a concluir que toda la zona costera e isleña ha sufrido con más virulencia esta crisis. A pesar de todo ello, las autoridades económicas del Gobierno manifiestan de forma optimista que en el tercer trimestre del año el PIB crecerá un 15.2%, lo cual es, sin lugar a duda, una buena noticia. Sin embargo, si observamos el resto de las estimaciones, la economía española caerá cerca de un 10% y el año 2021 será, en principio, el de recuperación paulatina.
Justo en el día de ayer finalizaba el periodo que el Gobierno había marcado en el Real Decreto para realizar los ERTE. Su prorroga no ha sido fácil, ya que se han estado negociando unas condiciones que permitiesen favorecer tanto a empresas, como trabajadores y a la buena salud de las arcas públicas. Teniendo en cuenta que en todas las alternativas posibles las arcas públicas se van a ver muy afectadas, lo más sensato y prudente era llegar a un consenso entre los agentes sociales y transmitir una imagen de estabilidad exterior. El mayor enemigo de la inversión es el miedo y, cuanto menos creemos, mejor.
Otra cuestión que afecta a las empresas que han aplicado ERTEs es el reparto de dividendos, ya que el RD 18/2020 en su artículo quinto permite a estas empresas repartir si a fecha de 29 de febrero de 2020 tenían menos de 50 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y han abonado previamente el importe correspondiente a la exoneración disfrutada. Ahora bien, no es una prohibición absoluta, ya que la empresa puede repartir beneficios, pero no podría disfrutar de las ayudas públicas que ha recibido. Esto supone además, que los socios, poseedores de un derecho de separación por falta de distribución de dividendos – artículo 348 bis, Ley de Sociedades de Capital – no puedan ejercerlo porque el Decreto del Estado de Alarma así lo impuso y un Decreto posterior lo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020.
Los ERTEs no son la panacea, pero sí una solución a corto-medio plazo que, dadas las circunstancias que nos ha tocado vivir, ha ayudado a solventar un problema que nadie esperaba hace un año. A pesar de ello, todo tiene un coste y los ERTEs no son la excepción. El nivel de gasto que ha tenido que asumir el Estado en este ejercicio económico va a dejar cifras de déficit y deuda muy preocupantes que habrá que corregir en los próximos años. La salud ha primado frente a la economía, pero pronto deberemos pensar cómo demonios arreglamos nuestra economía.
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